No hace mucho, ante la imposición de una tasa a las compañías que suministran servicios de comunicación por parte del gobierno central, éstas mostraron su indignación. Su amenaza consistía en anunciar el aumento en el precio de la factura, desglosando éste aumento y atribuyéndolo al pago del impuesto. Parece muy convincente, y amenazante. En realidad no lo es tanto. Como a los estudiantes de economía nos enseñan una y otra vez (incluso a los de la Universidad Carlos III de Madrid), el precio lo fijan demanda por el servicio y los costes de producir el bien, pero no todos los costes. Si el estado marca una cantidad a pagar por las telecos, ésta no debe afectar al precio.
Supongamos que la asignación se hace al contrario: en lugar de quitar dinero a la empresa, se le da. ¿Alguien cree que bajarían los precios?, poco probable, por qué iban a hacerlo si ahora además de los beneficios por las ventas, tendrían otros beneficios del estado. La empresa conseguiría así un doble beneficio, sin necesidad de bajar los precios. Ocurre lo mismo al contrario. El motivo es que al subir los precios, cada unidad vendida da más beneficios, pero menos gente está dispuesta a comprarlas. Existe un punto de equilibrio, con un precio, y las empresas no pueden fijarlo arbitrariamente. Por eso, si las telecos decidieran poner en marcha ésta medida, saldrían perdiendo: no solo tendrían que pagar la tasa igualmente, sino que, además, perderían clientes, que pasarían a la compañía que no subiera los precios o que simplemente pensara que 70 canales de televisión no merecen tanto dinero, por lo que no pagaría por los servicios de ninguna compañía de éste tipo.
Sin embargo quedan esperanzas para las telecos. Todos sabemos que los precios crecen año a año, es lo que se llama inflación. Las empresas, podrían “encubrir” ésta inflación llamándola “cobro por los impuestos del estado sobre la televisión pública” o algo parecido. Es decir, subirían los precios, como es habitual, pero le echarían la culpa al estado. Parece una práctica muy poco ética, ya que sería dar publicidad a una empresa a costa de la hacienda pública y engañando no sólo a consumidores, sino a votantes, que no querrán un gobierno que les aumente los impuestos, aunque quienes lo hagan sean las empresas de comunicación.
Otra salida para las empresas es un acuerdo que haga que cualquier aumento en el precio sea llevado a cabo por todas, de éste modo, es decir, con la creación de una especie de “cártel de la telecomunicación”, se evitaría que la gente respondiera al aumento de precios cambiándose de compañía, ya que todas serían más caras.
También justificaría ésta medida si el gobierno cobrara el impuesto de forma proporcional, por ejemplo cobrando un porcentaje de la factura. Esto haría que tener más clientes saliera más caro a la empresa, por lo que podría estar interesada en subir el precio y reducir clientela, consiguiendo así más beneficios. El estado podría incluso hacer que una parte del impuesto fuera fija y otra en función de la facturación, que reduciría el aumento en la factura aumentando los beneficios del estado gracias a la llamada discriminación de precios.
La inspiración para la entrada vino del libro "El economista camuflado" HARFORD, Tim; 2006. Oxford University Press Inc., cuando habla de lasconsecuencias de las subastas de espacio electromagnético para la telefonía 3G: pps.: 279-280.
